Una nueva Ley de Auditoría que disgusta a casi todos
“Cuando una Ley tiene a todo el mundo en contra, un Gobierno debería retirarla y volverla a consensuar”. Con estas palabras acababa ayer su intervención el senador socialista Antoni Manchado justo antes de que la Cámara Alta aprobara el texto legal que regulará el sector a partir 2016.
La nueva ley contó con 148 votos a favor y 77 en contra. Un respaldo, el del Grupo Popular, que, además, se
vio reflejado en el rechazo a todas las enmiendas presentadas por la oposición. “En el Congreso [de los Diputados] prometieron consenso y diálogo y no lo cumplieron; y en el Senado vienen con la táctica de un calendario que evita cualquier posibilidad de diálogo”, criticó la oposición desde la tribuna. Al no aprobar ninguna enmienda, el trámite del Senado será el último antes de su publicación en Boletín Oficial del Estado (BOE) y se evitará la vuelta del texto al Congreso, lo que habría retrasado la aprobación hasta después del verano, un trimestre final de legislatura donde las prioridades del Ejecutivo quedan lejos de la Ley de Auditoría.
El objetivo de la Ley es aumentar la transparencia y la independencia de los auditores, favorecer la ompetencia y reforzar el papel del supervisor del sector, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(Icac). Unos objetivos con lo que tanto los afectados como el resto de fuerzas políticas están de acuerdo.
Ahí se acaba el consenso. Ayer, la patronal que agrupa a las grandes firmas del sector (el Icjce), volvió a criticar la Ley por “alejar a España de la UE”. Consideran que “afectará muy negativamente a las más de 55.000 empresas que se auditan en España” porque generará un sobrecoste a sus clientes. También, como ya han hecho en los últimos meses, recalcaron que el régimen de independencia que contempla el texto es “casi imposible de entender y aplicar”. “Lo único que podemos esperar es que, cuando llegue un nuevo Gobierno,
nos sentemos de nuevo a negociar y empecemos de cero”, aseguran fuentes del sector. El texto no entra
en vigor hasta junio de 2016, fecha que marca Bruselas, por lo que los cambios nos son descartables.
Como guiño a los censores de cuentas, el Gobierno aprobará una nueva regulación de las Entidades de Interés Público (EIP), cuyas auditorías son más amplias y exhaustivas. Su número se reducirá de forma
sustancial, desde las 8.000 empresas actuales hasta 1.800. La modificación del Reglamento de Auditoría de
Cuentas –desde ayer en fase de audiencia pública– considerará EIP a cotizadas, bancos y aseguradoras. A
ellas se suman las entidades de inversión colectiva con más de 5.000 partícipes y 10.000 inversores en el
caso de los fondos de pensiones. Además, serán EIP las empresas no cotizadas con más de 4.000 empleados o 2.000 millones de facturación. Las auditoras revisarán menos compañías pero, afirman, los recursos se concentrarán donde hace falta.
También el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se han manifestado
en contra de la Ley. El organismo presidido por Elvira Rodríguez porque tendrá que supervisar las comisiones
de auditoría que deberán tener todas las EIP. El Banco de España por entender que el supervisor debería ser independiente de Economía. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cree que puede haber “cierto riesgo de confusión” entre sus competencias y las del Icac ya que la Ley no diferencia claramente las funciones de cada organismo.
Fuente: Expansión
