Los auditores pedirán a los partidos políticos auditorías del sector público
El Instituto de Censores Jurado de Cuentas de España (Icjce) está en contacto con los partidos políticos que concurren a las elecciones de diciembre para que incluyan en sus programas electorales auditorías en el sector público y un modelo de supervisión independiente.
Durante su intervención en el Día del Auditor, el presidente del Icjce, Mario Alonso, ha explicado que el organismo ha mantenido ya reuniones con distintas formaciones políticas para que las incluyan en su agenda.
En primer lugar ha destacado la necesidad de que se sometan a procesos de auditoría entes públicos como los ayuntamientos, de los cuales en la actualidad hay apenas entre un 5 % y un 10 % que son auditados de forma independiente; grandes corporaciones locales, como Madrid, no están sometidas a este procedimiento.
Establecer auditorías en entes locales no es ninguna entelequia, ha indicado Alonso, que ha recordado que ya ocurre por ejemplo en Navarra, mediante acuerdos entre Órganos de Control Externo Nacionales (OCEX) y auditores privados.
En su opinión, no se trata de que se sometan a auditorías los más de 8.000 municipios españoles, algo que no es realista, pero sí que tengan un cierto control sobre todo después de algunos abusos que se han visto en el ámbito municipal.
También ha incidido en la necesidad de que se establezca un nuevo modelo de supervisión independiente, frente al sistema actual, en el cual el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), depende en la práctica del Ministerio de Economía y es "prácticamente una dirección general más".
El supervisor, además, debería ser un órgano colegiado y estar sometido a control parlamentario, tal y como ocurre con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el nombramiento de su presidente.
En su composición deberían entrar distintos actores, "el Gobierno, por supuesto", pero también miembros de la profesión, las entidades auditadas, otros reguladores, expertos independientes, etc.
De hecho, un órgano de este tipo ya existe pero con una función meramente consultiva, y a partir del 1 de enero, cuando empieza a implementarse la ley de auditoría que entrará plenamente en vigor en junio de 2016, desaparece.
El Icjce es también partidario de que se cree un registro de expertos contables, algo que ya ocurre en países de nuestro entorno como Francia, al que pueden acudir las empresas en busca de especialista en temas que no son propiamente de auditoría.
El hecho, apunta Mario Alonso, es que la sociedad en general tiene una idea confusa de las funciones del auditor, y por este motivo el Icjce va a emprender una campaña de divulgación "del valor añadido de estos profesionales" para que se entienda bien cuál es su labor.
Fuente: La Vanguardia / EFE
