Los auditores confían en que la Ley de Auditoría mejore durante la tramitación parlamentaria
Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), no cree que el texto que llegue al Consejo de Ministros difiera mucho del que el ICAC expuso a información pública el pasado 29 de octubre, pero entiende que “todavía hay tiempo para mejorar una ley que, con su redacción actual, podría suponer la desaparición de los pequeños y medianos despachos de auditoría”.
En relación a la entrada la entra en vigor ayer miércoles de la Ley de Transparencia, los economistas auditores hicieron una valoración positiva. No obstante, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señaló “aún así es mejorable en algunos aspectos, sobre todo en su aplicación a los ayuntamientos”
Más de 500 auditores pertenecientes al Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo General de Economistas se han reunido hoy en Madrid –y continuarán haciéndolo durante el día de mañana– para celebrar su 5º AuditMeeting, la mayor concentración de profesionales del sector, bajo el lema: “Diseñando el nuevo rol de los auditores”, y en el que ha participado la Secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás.
Durante esta primera jornada, los auditores del REA centraron el debate en la reforma de la Ley de Auditoría que previsiblemente será aprobada mañana por el Gobierno, lo que dará paso a su tramitación parlamentaria. A este respecto, los auditores fueron muy críticos con el rumbo que está tomando la adaptación de la ley a la Directiva comunitaria. “Se está haciendo de forma precipitada, con importantes fallos técnicos y al margen de las recomendaciones europeas” –señaló Carlos Puig de Travy, presidente del REA–, quien añadió: “El Anteproyecto deja mucho margen a la interpretación –lo que crea inseguridad jurídica–, y hace muchas restricciones a la competencia, especialmente para el pequeño y mediano auditor.
En este sentido, los auditores recordaron que el pasado 12 de noviembre presentaron alegaciones al Anteproyecto, mediante las que hicieron notar importantes problemas de fondo en 48 de los 67 preceptos del Anteproyecto, por lo que solicitaron una revisión global del mismo.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, aprovechó el encuentro para tender la mano al Gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios para “sentar las bases de una ley de largo recorrido que permita mejorar la confianza de los usuarios de la información económica financiera y reforzar la calidad de las auditorías”. “No podemos perder la oportunidad de dinamizar el sector de la auditoría y evitar la excesiva concentración”, añadió.
Los auditores alertaron de que el texto contiene muchas medidas que pueden actuar en detrimento de los pequeños y medianos despachos de auditoría, propiciando, incluso su desaparición. En Europa hay una clara diferenciación entre las auditorías de entidades de interés público y de las que no lo son, siendo, obviamente, mucho más exigentes con las primeras; y en España debería hacerse de la misma manera”, señaló Pich.
Los auditores del REA manifestaron que el redactado actual del anteproyecto regula muchos aspectos de forma diferente al resto de Europa. Así, por ejemplo, además de incorporar como causas de incompatibilidad para el ejercicio conceptos ambiguos como “conflicto de intereses” o “familiares próximos” –algo sin parangón en el contexto internacional–, incorpora como causa de incompatibilidad la concentración de honorarios, algo que no está establecido por la Directiva. Así mismo, la reforma española establece restricciones que impedirán los procesos de fusión o integración de auditores en redes de sociedades, lo que imposibilitará el desarrollo de las pequeñas firmas de auditoría.
Mención aparte merece la prohibición de prestar servicios de asesoramiento fiscal. A este respecto, Carlos Puig señaló que “la actividad del auditor no se circunscribe exclusivamente al cumplimiento normativo, también realizamos tareas de apoyo a las empresas en la elaboración de planes de viabilidad, a la hora de conseguir financiación, etc.”. Puig de Travy añadió: “Si multiplican nuestras cargas administrativas, nos convertiremos en una especie de funcionarios que tendremos como única misión suministrar información al ICAC”. Valentín Pich en alusión al lema del 5º AuditMetting –Diseñando el nuevo rol de los auditores– indicó: “Además de ayudar a que los empresarios en el cumplimiento normativo, los auditores les aportamos nuestro know how y evaluamos el desarrollo de la empresa, algo básico, sobre todo para las pymes al ser menores sus estructuras”.
Durante la Jornada, los economistas auditores también analizaron la reciente entrada en vigor de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la que en líneas generales valoraron de forma positiva, aunque el presidente de los Economistas considera que, en algunos aspectos, es mejorable: “¿por qué cuando entras en la web de un ayuntamiento no aparecen de forma inmediata sus ingresos y gastos?, ¿por qué las fundaciones no depositan sus cuentas?”, se preguntó Pich y añadió: “Deberíamos hacer extensivas las auditorías a otros ámbitos”. A continuación lanzó una propuesta concreta: establecer la obligación de someter a una auditoría anual a los municipios de cierto tamaño, delimitado a partir del número de habitantes, el presupuesto y los gastos de personal –más de 5.000 habitantes, que tengan un presupuesto superior a 7.000.000 euros y que tengan un gasto de personal igual o superior al 25% de los gastos corrientes–, y ampliar el ámbito de aplicación de la Ley a las sociedades mercantiles en que participen de alguna manera, directa o indirectamente, en el capital social Administraciones Públicas, así como, además de a las fundaciones del sector público, a aquellas fundaciones, sean públicas o privadas, que reciban fondos públicos.
