Ley de auditoría: ¿y ahora qué?
Se dice que el consenso se alcanza cuando en un debate nadie está realmente satisfecho, pero al mismo tiempo tampoco tan insatisfecho como para oponerse con fuerza a su resultado. En el caso de la Ley de Auditoría de Cuentas, y a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno de atender las demandas de los grupos de interés, ha existido escaso debate y ningún consenso. La ley no satisface a las Corporaciones de auditores; ni a los profesionales; ni a otros reguladores; ni a los partidos políticos -en el Congreso y el Senado se presentaron cerca de 300 enmiendas sin que haya sido aprobada ni una sola de ellas-; ni siquiera al propio Consejo de Estado que fue muy crítico con el texto.
La Ley de Auditoría de Cuentas es una norma que en varios de sus artículos regula la independencia del auditor de forma casi ininteligible e imposible de cumplir, lo que genera enorme inseguridad jurídica.
En muchos aspectos nos separa de Europa. Sirva de botón de muestra que se extiendan los requisitos de los informes de auditoría previstos en el reglamento europeo para las Entidades de Interés Público (EIP), que incluyen la descripción de riesgos significativos, la declaración sobre incertidumbres y un largo etcétera de información adicional, a todo tipo de entidades. Sin duda que ello ocasionará serios problemas para las pymes españolas y para los auditores que las revisan. Otros ejemplos son la regulación en materia de infracciones y sanciones; o la abstención de realizar el trabajo en no EIPs cuando existe concentración de honorarios, algo inexistente en Europa.
Además de numerosos problemas técnicos, desde el punto de vista político, España, a diferencia de otros Estados, no se ha acogido a muchas de las opciones permitidas por el reglamento europeo, como es la extensión del periodo de rotación de firma y socio responsable, lo que dificultará el trabajo con grupos transnacionales.
Otra decisión política sin sentido es excluir del Comité de Auditoría de Cuentas, un órgano consultivo de enorme importancia para la regulación de la auditoría, a los profesionales en ejercicio, sin duda los más cualificados para poder opinar sobre la actividad que realizan todos los días. La ley supondrá además un sobrecoste para las empresas auditadas y un incremento de los impuestos para los auditores de más de un 100 por cien.
En definitiva, que esta ley no conseguirá los objetivos de la reforma europea: mejorar los niveles de transparencia en las empresas y la calidad de la auditoría; abrir el mercado y reducir su concentración; mejorar la gobernanza de las firmas; e incrementar la convergencia con Europa.
La única buena noticia recibida por el sector en este proceso es la modificación del actual reglamento para variar los criterios de definición de una EIP, que en España pasarán de ser unas 8.000 a alrededor de 1.800, algo mucho más razonable y demandado de forma insistente por todos los grupos de interés. Es fundamental que esta modificación entre en vigor antes del fin de legislatura.
A pesar de la decepción sufrida, los auditores y las corporaciones que los representan, trabajaremos a partir de ahora en el reglamento que ha de desarrollar la ley, para lo que no escatimaremos ningún esfuerzo y para lo que ofrecemos desde este momento toda nuestra colaboración, con la esperanza de minorar la inseguridad jurídica y los problemas técnicos citados. Nos gustaría recuperar así el clima de confianza que debe existir entre las instituciones implicadas. La economía y, en general las relaciones humanas, se basa en esta confianza. Confianza entre personas, empresas, instituciones y países; imprescindible para el crecimiento, y la competitividad.
La transparencia es el principal motor para generar confianza, y por tanto las empresas y el resto de organizaciones han de ser transparentes en su gestión y en la información que transmiten. De ahí la importancia creciente de la auditoría y de los auditores: la auditoría es el principal instrumento de garantía de credibilidad de la información empresarial.
Sabemos que para cumplir este papel tenemos que superar numerosos retos. La nueva Ley de Auditoría no nos ayudará a afrontarlos, pero no va a impedir que lo hagamos con éxito. Como siempre hemos hecho, vamos a seguir atentos a lo que realmente creará valor en un negocio (activos intangibles registrados y no registrados serán claves en el futuro). Al mismo tiempo, ninguna norma va a poder parar la evolución hacia firmas de mayor dimensión y hacia el uso cada vez más frecuente del aseguramiento de indicadores financieros y no financieros (informe integrado), ni evitará que ganen relevancia los reportes sobre los controles y la gestión de riesgos, y la mejora de la calidad y de la eficiencia en el uso de nuestros recursos. A todos estos retos tenemos que sumarle un esfuerzo especial en una asignatura pendiente de la auditoría: comunicarnos mejor con la sociedad para que se entienda bien nuestro trabajo. Un trabajo cada día más difícil, pero a la vez más valioso.
Fuente: Opinión del Presidente del ICJCE en www.elEconomista.es
