Las auditoras y Economía avivan la pugna por la nueva ley del sector
El Proyecto de Ley de Auditoría comenzará su andadura parlamentaria en las próximas semanas sin el respaldo del sector, que ha avivado la pugna con el Ministerio de Economía por el texto que reformará la industria.
El regulador y supervisor de los revisores de cuentas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), dependiente de Economía, no cree que el proceso se haya llevado a cabo de manera acelerada, como cree el sector. «El proceso ha sido rápido porque no teníamos más remedio. La directiva tiene que entrar en vigor en junio de 2016 y tenemos elecciones a final de año, no podemos retrasarnos», señala su presidenta, Ana María Martínez-Pina.
Junto a la necesidad de buscar mayor consenso, fuentes del sector auditor también apuntan que el Proyecto de Ley que salió del Consejo de Ministros no se hizo eco de las principales observaciones realizadas por el Consejo de Estado, que publicó su dictamen sólo un día antes que el Ejecutivo aprobara el documento.
Una de estas observaciones hacía referencia a la necesidad de reforzar la independencia del Icac, siguiendo el modelo de otros reguladores, como el Banco de España o la CNMV. «La normativa comunitaria lo que exige es que el supervisor sea independiente del supervisado, es decir, del auditor. Ésa es la independencia por la que hay que velar, que el Icac sea independiente o no del Ministerio a mí no me corresponde», responde Martínez-Pina. Esta mayor independencia del regulador empieza a ser lo normal en la mayor parte de los países europeos y así lo señaló también el Banco de España en sus alegaciones al anteproyecto.
La presidenta del Icac recalca que el Proyecto de Ley que llega a las Cortes sí ha tenido en cuenta las dos principales observaciones realizadas por el órgano consultivo. “Sí hemos tenido en cuenta los informes del Consejo de Estado. Se han incorporado las dos observaciones esenciales, una relativa al régimen de recursos y otra referente a los requisitos de facturación mínima y número de empleados para que una empresa sea considerada entidad de interés público (EIP). Y el Gobierno se compromete, en el plazo de un año desde que se publique la ley, a revisar esos límites”.
Ésa es, precisamente, una de las peticiones que ha realizado el sector en los últimos meses, ya que en España hay 8.000 EIP, 10 veces más que en Alemania, por ejemplo.Además, Martínez-Pina también indica que el nuevo texto ha simplificado algunos de los aspectos más polémicos, como el de la independencia
de los auditores. “En el tema de la independencia se han modificado determinados artículos, es un tema complicado,(…) se establece un régimen de extensiones y articular eso no es fácil. Se ha trasladado
al proyecto, se ha mejorado la redacción y, en fase parlamentaria, se puede seguir simplificando para que
no sea tan farragoso. Esto no es un texto cerrado, ahora pasa al Parlamento, parece que está aprobado y no”.
Independencia
La responsable del regulador también valora el régimen de incompatibilidades que, según voces del sector, va más lejos de lo legislado por Bruselas.“Creemos que, si la Unión Europea va hacia un sistema de prohibiciones, por qué vamos a ir a un sistema sólo de amenazas y salvaguardas si nosotros estamos con un régimen de incompatibilidades desde 1988”, justifica.
El sector auditor asegura que, de haberse dialogado con él, la tramitación parlamentaria se habría simplificado. No en vano, algunas firmas auditoras ya han comenzado a dialogar con la totalidad de los grupos parlamentarios, incluido el PP, con el objetivo de que se tengan en cuenta sus opiniones y el texto que
salga del Congreso cuente con algo más de respaldo de los principales afectados. Todo indica que algunas de las fuerzas de la oposición podrían ser receptivas a sus opiniones, mientras que el Grupo Popular mantendría la línea seguida hasta ahora por el Ministerio de Economía.
No sólo las cuatro grandes firmas del sector (Deloitte, EY, KPMG y PwC) buscan un texto legal de consenso,
también los pequeños y medianos auditores. “Lo realmente importante es sentar las bases de una ley de largo
recorrido que permita mejorar la confianza de los usuarios de la información económica-financiera y reforzar la
calidad de las auditorías”, señala Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE).
“Existen varias áreas en las que es necesario trabajar para ofrecer una adecuada respuesta a los problemas técnicos que presenta [el texto]”, matiza Carlos Puig de Travy, copresidente del REA-REGA Corporación de Auditores, órgano dependiente del CGE en materia de auditoría.
Fuente: Expansión
