Las auditoras logran posponer la reforma para pactar con el Gobierno
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha calificado el Proyecto de Ley de Auditoría como una de las reformas de “segunda generación”. Sin embargo, pese a la prioridad que otorga a la ley, ésta se aprobará en la Cámara Baja más tarde de lo previsto. Las enmiendas al proyecto del Gobierno, que han causado serias discrepancias con las firmas de revisión de cuentas, no se votarán, previsiblemente, hasta después de
las elecciones municipales. Inicialmente, el texto debía contar con el visto bueno del Congreso el martes 5 de mayo, con el objetivo de que, tras pasar por el Senado, quedara aprobado antes del verano.
Los plazos, sin embargo, se alargan para buscar un acercamiento con el resto de fuerzas políticas –que ya han manifestado a Guindos su predisposición a votar en contra– y con las firmas de auditoría, que han
calificado el texto de “excesivamente farragoso, de difícil inteligibilidad y prácticamente imposible de cumplir”. El sector está preocupado porque “hay muchas cosas que mejorar, pero también estamos esperanzados
porque puede mejorar en la tramitación parlamentaria”, reconoció el pasado jueves Mario Alonso, presidente
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Icjce) durante unas jornadas organizadas por Aeca.
Todavía quedan por delimitar las líneas en las que está dispuesto a ceder el Ministerio de Economía, pero dos de ellas harán referencia a algunas de las principales peticiones de los censores de cuentas: revisar a la baja el número de Entidades de Interés Público (EIP) –que conllevan auditorías más exhaustivas y contar con un
comité de auditoría supervisado por la CNMV– y el régimen de incompatibilidades.
Entidades de Interés
En cuanto a las EIP, el Proyecto de Ley incluye a las empresas del Ibex, bancos, aseguradoras y las firmas del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). En las enmiendas presentadas por el Grupo Popular ya se limitan
las cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a sólo aquéllas que lo hacen en el segmento en expansión, en total 26, eliminándose a los fondos de inversión y a las Sicavs. Además, según la regulación en vigor, se consiconsideran EIP a las empresas con más de 1.000 empleados y 200 millones de facturación. Este límite hace que en España haya más de 8.000 EIP, diez veces más que en Alemania. Por ello, según fuentes conocedoras de las negociaciones, el Gobierno se compromete a regular las condiciones antes de
que la ley entre en vigor en junio de 2016 (fecha que marca Bruselas para trasponer la Directiva y el Reglamento de Auditoría aprobados en 2014) y acercar España a los estándares europeos. El objetivo, según
estas fuentes, es que sólo haya entre 900 y 1.000 EIP, cuya facturación supere los 2.000 millones de euros y su plantilla las 200 personas.
Incompatibilidades
Otro de los cambios, aunque queda por definir su calado, afectará al régimen de extensiones de incompatibilidades de los auditores a la hora de revisar las cuentas de empresas donde, por ejemplo, tengan relación sus familiares de hasta segundo grado. Un requisito que los auditores consideran “prácticamente imposible de cumplir”.
Se modificará también la exigencia de que las empresas familiares que sean EIP tengan que contar, necesariamente, con miembros independientes, lo que permitiría la presencia de dominicales. Asimismo,
se revisará el periodo de transición para iniciar la rotación de las auditoras y los límites de facturación de las auditoras pequeñas y medianas para que no dependan de determinados clientes.
El sector expresa su “escepticismo”ante esta voluntad de consenso porque el Gobierno ya la ha manifestado en el pasado. Para votar a favor del texto, los grupos parlamentarios piden al PP poder revisar las enmiendas transaccionales antes de su aprobación, lo que demorará el proceso en, al menos, dos semanas. Para lograr
Fuente: Expansión
