La nueva Ley de Auditoría que no convence al sector
Con el objetivo de mejorar la transparencia en las cuentas financieras de las empresas y garantizar la confianza de los ciudadanos nació el interés de introducir una nueva normativa europea sobre las auditorías de cuentas, que se aprobó hace ahora un año. España está ahora inmersa en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Auditoría, que adaptará a España el nuevo marco europeo. Este cambio pretende también abrir el mercado europeo, una meta que comparte todo el sector.
"Esta reforma es un paso importante en la creación de un mercado europeo de auditoría único y armonizado", aseguró Jos van Huut, presidente de Egian, que se mostró optimista respecto a la nueva regulación europea sobre esta materia durante el evento Nueva Ley de Auditoría. Ejes estratégicos para incrementar la confianza y transparencia en los servicios de auditoría, organizado por EXPANSIÓN, en colaboración con Abante Auditores, Crowe Horwarth, Egian, HLB International, Mazars, PKF Attest y UHY Fay & Co. Van Huut apuntó la necesidad de que los Estados miembros colaboren con la Unión Europea en este proceso de transición, en un momento en el que el siguiente paso les corresponde a ellos, ya que deben adaptar la norma europea a sus marcos normativos.
Denuncia
En el caso de España, el proyecto de Ley de Auditoría no termina de convencer al sector. Tras ser aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, los representantes del sector denuncian que no se ajusta a la normativa europea y piden que se abra el diálogo para introducir modificaciones.
La presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), Ana María Martínez-Pina, el regulador de los supervisores de cuentas, dependiente del Ministerio de Economía, expuso las principales novedades que introduce el texto, como la modificación en el concepto de entidades de interés público, el "refuerzo" del régimen de incompatibilidades, la limitación de los honorarios que un auditor puede recibir de la empresa auditada o la fijación de un tiempo máximo de diez años para realizar una auditoría a una entidad, prorrogable a cuatro más si se realiza en régimen de coauditoría.
Por su parte, los representantes del sector mostraron su desacuerdo con algunos de los aspectos del proyecto de Ley. "No hemos participado en la elaboración de este proyecto, que nos viene dado y que no está respaldado por el sector", afirmó Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Icjce), para quien la reforma de la Ley no está alineada con la normativa europea ni con las observaciones del Consejo de Estado e, incluso, en algunas cuestiones es contraria a ella.
Alonso se mostró contrario a la nueva definición del concepto de Entidades de Interés Público (EIP) que establece la Ley, ya que, si no se modifica, España contaría con alrededor de 9.000 EIP, casi un 40% del total europeo. Según Alonso, esto implicaría una distorsión en el mercado, por lo que propuso que las entidades que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y que no respondan al segmento de expansión no sean consideradas EIP y que, si ha de existir un límite según el tamaño de la empresa, se tenga en cuenta tanto el número de empleados como la facturación.
No obstante, Alonso se mostró favorable a que la Ley se apruebe durante esta legislatura, ya que el interés de los auditores es "tener un escenario claro lo antes posible". "Pedimos un texto que se pueda cumplir, que sea claro, inteligible y posible en su aplicación práctica", añadió.
Optimismo
Carlos Puig, presidente de REA+Rega Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas de España, se mostró "optimista" y confiado, ya que el proyecto de Ley de Auditoría "se puede mejorar". Puig estuvo de acuerdo con Alonso en su oposición a la nueva definición de EIP y propuso que una entidad no pueda considerarse de este tipo si no cuenta con una facturación menor de 1.000 millones de euros y una plantilla inferior a 2.500 trabajadores, y que si se incluyen las sicavs, que al menos tengan un número alto de partícipes, como 1.000. Además, apuntó que "hay que reconsiderar" y hacer "más inteligible" el sistema de independencia e incompatibilidades y expuso que no entendía "por qué se tiene que cambiar" el régimen sancionador, ya que "el actual es eficaz".
A este respecto, Martínez-Pina, del Icac, señaló que "hay que revisar" el concepto de EIP, ya que "España es el Estado de la Unión Europea que más entidades de este tipo tiene". No obstante, señaló que "los supervisores son partidarios de incluir como entidades de interés público a algunas que aún no lo son".
En opinión de Puig, las corporaciones de auditores deben "seguir hablando para que la Ley que finalmente se apruebe intente coordinar los intereses de todos los grupos implicados" y ser escuchados, especialmente en lo que a temas técnicos se refiere. "Pedimos tener una ley europea que no ponga en desventaja ni a las empresas auditadas ni a los auditores", añadió.
Por su parte, Julio Miguel Ibáñez, secretario del comité de Auditoría de la Once, expuso la visión de una entidad de interés público no financiera y no cotizada respecto a la nueva Ley de Auditoría. Una de las novedades principales es que el texto establece obligaciones para el auditor y para la entidad auditada, según explicó.
"Es conveniente revisar al alza los límites actuales para considerar de interés público a una entidad", apuntó Ibáñez, que contó, además, que la Once es una corporación de derecho público, en la que, por su normativa, el órgano de administración está formado por afiliados a la misma y, por tanto, no independientes. Con respecto a esto, Ibáñez apuntó que la ley debería contemplar que estos fueran no ejecutivos, no obligatoriamente independientes. Además, según Ibáñez, la regulación europea dice que "cuando la matriz hace la función de comisión de Auditoría de todo el grupo, no es necesario que las filiales tengan otra comisión de auditoría", algo que no contempla en la nueva ley española.
En relación con sistemas tecnológicos para automatizar la auditoría, Ibáñez apuntó que "las nuevas tecnologías pueden ayudar a reducir algunos trabajos excesivamente mecánicos, pero el juicio profesional no se puede sustituir".
Fuente: Expansión
