"La nueva Ley de Auditoría genera inseguridad jurídica"
La inminente nueva Ley de Auditoría -resultado de la transposición en España de la Directiva y el Reglamento europeo- levantó ampollas durante su tramitación parlamentaría y verá la luz mañana sin contar con el apoyo del sector. Para el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso, la Ley es un auténtico "sudoku", tan difícil de entender, interpretar y aplicar que genera inseguridad jurídica.
"Durante el proceso de tramitación de la Ley de auditoría, el sector se ha sentido poco escuchado por el Gobierno y por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). La Ley finalmente aprobada no cumple con los objetivos y expectativas previstos", apunta.
Una de las cuestiones más espinosas respecto a la Ley han sido las reglas sobre independencia. "Se trata de un cúmulo de reglas, unas detrás de otras, con las que se intenta llegar hasta la casuística más especial", se queja Alonso, que recuerda que el Consejo de Estado, cuando hizo un dictamen sobre la Ley, ya advirtió de que se trataba de "un texto farragoso de difícil comprensión e ininteligible".
El presidente del ICJCE insiste en que los auditores son los más interesados en "salvaguardar la independencia" porque es su mayor activo. Respecto a los escándalos financieros, Alonso es tajante: "En materia de independencia somos muy rigurosos, lo que no quita que puedan darse algunos casos concretos de mala praxis".
No obstante, el presidente del ICJCE aclara que, en muchas ocasiones, se confunde el alcance y el trabajo de auditoría y se atribuye a los profesionales responsabilidades que no les corresponden.
Alonso lamenta que el comité de auditoría del ICAC, que "era un órgano muy interesante", haya quedado "vacío de contenido". El presidente del ICJCE asegura que se han aplicado dos reformas "poco razonables". Por una parte, se ha eliminado la posibilidad de que un auditor en ejercicio esté sentado en el comité de auditoría y, además, los expedientes sancionadores ya no pasan por este órgano, lo que vulnera el derecho de defensa de los auditores: "Es un auténtico desatino".
En cuanto a la próxima legislatura, Alonso destaca que hay cuestiones acuciantes que tratar con el Gobierno que se forme tras las próximas elecciones, especialmente considerar un nuevo modelo de supervisión de auditoría y el desarrollo de un reglamento a la Ley actual.
"En este momento, estamos dirigiendo nuestras consultas al regulador con vistas a clarificar muchas dudas de interpretación de la Ley, con el propósito de trabajar en un reglamento que pueda paliar, en lo posible, los efectos no deseados de la nueva normativa", ataja.
Independencia del ICAC
En cuanto a la supervisión del sector, Alonso demanda un organismo independiente del poder político, como la CNMV. "Se debería separar el control y la supervisión de la auditoría de la emisión de normas contables", apunta.
Asimismo, Alonso alerta contra el exceso de regulación. "La diferencia entre el veneno y la medicina está en la dosis", apostilla.
En cuanto a los retos, cree que las firmas profesionales tendrían que aumentar su tamaño y ofrecer nuevos servicios relacionados con las nuevas demandas de las empresas como, por ejemplo, la digitalización y la internacionalización: "Toda firma local aspirar a ser nacional y la nacional a ser internacional".
El presidente del ICJCE se muestra optimista respecto al futuro del sector de auditoría y considera que éste crecerá en la medida en que la economía del país mejore.
Nueva normativa de auditoría pública
Para Mario Alonso, es "sorprendente" que no haya una Ley que obligue a los ayuntamientos de cierto tamaño a una auditoría. "Prácticamente, ningún Ayuntamiento de las grandes ciudades se audita", apunta. Alonso recuerda que, en España, existen cerca de 110 ayuntamientos con más de 50.000 habitantes y unos 50 con más de 100.000 habitantes. "Estos ayuntamientos, al menos, deberían estar auditados".
El presidente del ICJCE pone como ejemplo Navarra, donde la Sindicatura de Cuentas Navarra lleva a cabo la auditoría de los ayuntamientos y se apoya, para ello, en el sector privado. "Lo que necesitamos de los políticos es recuperar la confianza en ellos. Eso requiere una mayor transparencia e información auditada por un tercero", añade. Para Alonso, los partidos políticos se muestran comprensivos respecto a esta reivindicación tradicional del sector de un mayor control externo de la auditoría, "pero luego no la incluyen en sus programas".
Fuente: Diario Expansión
