La Ley de Auditoría se votará en el Senado el próximo día 7 de julio
La reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas sigue atragantándose al Gobierno, pese a que ha tomado la decisión de hacer oídos sordos a las quejas del sector que se ha sentido desplazado en la tramitación de la norma. Pero no son los únicos. Tras el desplante del grupo popular en el Congreso hace un mes cuando decidieron incluir tan sólo sus enmiendas, los parlamentarios de la oposición no confían en que se vaya a producir una situación distinta en el Senado, cuya votación está prevista para el próximo día 7 de julio.
En este sentido, los grupos consultados -a excepción de los populares, que no ha querido hacer declaraciones hasta que no se produzca la votación en el Pleno- coinciden en que dudan de que se llegue al consenso.
Sin ir más lejos, el portavoz del Grupo Mixto en el Senado, Jesús Iglesias, apuntó a que "la cómoda mayoría de que la disfruta el PP le permite aplicar el rodillo y lo previsible es que no haga ningún esfuerzo en la búsqueda del consenso". El término del 'rodillo' también fue empleado por el portavoz de CiU, Ramón Alturo, que añadió que "ahora el PP está haciendo leyes como 'churros' impidiendo un diálogo sosegado y llegar a acuerdos".
Las negociaciones, el día 1
Con todo, fuentes cercanas al proceso legislativo confirmaron a elEconomista que el próximo miércoles está prevista la reunión de la ponencia y, a partir de ese momento, se intensificarán los contactos.
No obstante, los parlamentarios se muestran escépticos con el posible diálogo y, en este sentido, han señalado que todavía no ha comenzado.El portavoz del grupo socialista, Antonio Manchado, explicó que el PP no había comenzado aún con la ronda de conversaciones y no sabían si "hay interés en pactar". No obstante, no lo cree "teniendo en cuenta la espiral en la que está metida el Gobierno de legislar a lo bruto".
En la misma línea, la portavoz del grupo parlamentario vasco, María Eugenia Iparragirre, explicó que "el diálogo por parte del grupo mayoritario ha sido nulo hasta la fecha y dudo mucho de que haya modificación alguna en adelante".
Enmiendas necesarias
Por otro lado, los parlamentarios consultados también han coincidido en que hay una serie de enmiendas fundamentales que deben incluirse en esta norma.
La primera de ellas, que también es uno de los grandes reclamos del sector, es reducir el número de Entidades de Interés Público (EIP). Tal y como está configurada ahora, el 40 por ciento de las EIP europeas serían españolas. Esto influye en varios puntos, tal y como apuntó Iparragirre, entre los que destacan que se obstaculiza el trabajo a las pequeñas compañías (deben gastar más dinero en determinados aspectos como la creación de una comisión de auditoría) y del supervisor, cuyos medios tendrán que ser proporcionados a los controles que efectúan. Además, los socialistas señalan que se discrimina a las pequeñas firmas de auditoría y se ponen trabas al acceso a la profesión.
Por último, otro de los temas candentes es el de las incompatibilidades que todos los grupos quieren clarificar. En este sentido, cabe destacar que el Consejo de Estado calificó este sistema como "farragoso" y difícil de entender.
Los grupos parlamentarios presentan 137 enmiendas a la Ley de Auditoría en el Senado
La batalla por lograr una reforma de la Ley de Auditoría consensuada prosigue en el trámite parlamentario. Después de que pasara el filtro del Congreso incluyendo solo las enmiendas presentadas por el grupo popular, el martes concluyó el plazo de presentación de modificaciones en el Senado.
En esta línea, el PP no ha presentado ninguna enmienda, mientras que el resto de grupos parlamentarios han pedido 137 modificaciones.
En particular, el monto se distribuye así: los socialistas presentaron 11, CiU 57, el grupo parlamentario vasco 43, el grupo mixto 12 y la alianza para el progreso de Cataluña planteó 14 cambios.
Con todo, el número de enmiendas ha aumentado tras el paso por el Congreso cuando se presentaron un total de 154 modificaciones. Es decir, si descontamos las del grupo popular en el Congreso, en el Senado se han planteado cinco modificaciones nuevas.
No obstante, las grandes exigencias de los grupos parlamentarios y del sector siguen girando entorno a la limitación del número de entidades de interés público (EIP), el desglose de los denominados servicios prohibidos e incompatibilidades.
Fuente: El Economista
