Interés público y fraude
La última semana del pasado mes de septiembre la profesión auditora celebró a nivel mundial la jornada #AuditorProud para impulsar, activar y reconocer el importante rol social que los auditores desarrollamos: aportar fiabilidad a la información económica y financiera que presentan las empresas y organizaciones sociales, como requisito imprescindible para su gestión y la correspondiente toma de decisiones. Algo que incide, pues, en directivos, personal, órganos de gobierno, proveedores, clientes, entidades financieras y entes públicos, entre otros.
La IFAC (organización mundial de la profesión integrada por 175 corporaciones de 130 países) estima que la aportación de sus 2,8 millones de profesionales auditores y expertos contables a la producción de valor añadido mundial asciende a 575 billones de dólares. Sin duda, un reflejo de la muy relevante contribución de la profesión al desarrollo económico y crecimiento de la economía global. Con un importante factor añadido: la correlación entre la proporción de estos profesionales respecto a la población total ocupada, el nivel de desarrollo humano y el PIB per cápita de los respectivos países, según destaca el informe Nexus 2: The Accountancy Profession - A Global Value Add, de IFAC.
La celebración y la afirmación no excluyen que la profesión analice, cuestione y aborde los retos que el futuro inmediato deparará según sugieren las actuales tendencias: complejidad de mercados y modelos de negocio; cambios tecnológicos disruptivos; regulaciones más prolijas y extensas; exigencia de mayor transparencia y acceso a información fiable y relevante en el sector público; y necesidad de nuevas métricas complementarias a las financieras para medir impactos sociales, laborales, medioambientales, de derechos humanos y de sostenibilidad, entre otras.
Los retos exigen de la profesión una respuesta proactiva. En esta línea está la actual emisión de un informe más completo donde el auditor -además de emitir su opinión sobre los estados financieros- acota y distingue con precisión las responsabilidades de la dirección de las entidades -¡y las propias!-, evalúa los riesgos de la organización analizada y las estrategias adoptadas para gestionarlos, lo que supone un estrechamiento de la diferencia de expectativas manifestadas por los usuarios en relación a la información que recibían.
La transformación también exigirá la adquisición de nuevas áreas de conocimiento, así como la incorporación ineludible de sistemas inteligentes en los procesos (Big Data analytics, programas predictivos y soluciones de ciberseguridad). Sin olvidar la creación de organizaciones sugestivas tanto para atraer como, más importante si cabe, retener talento de las nuevas generaciones de profesionales.
Los auditores tampoco eludimos nuestro compromiso ante la sociedad para luchar contra el fraude y contra la corrupción, esa "plaga insidiosa de amplio espectro" que proclama la ONU y de un alcance absolutamente global. Baste recordar las impactantes evaluaciones de los organismos inter- nacionales: la propia ONU cifra en un 2,7% del PIB mundial el coste sufrido por actividades ilícitas; la Comisión Europea, en 120.000 millones de euros anuales el coste económico de la corrupción en Europa.
Aunque los principales responsables de la prevención y detección del fraude son el gobierno y la dirección de las entidades, al asumir el encargo de auditar una empresa los auditores somos responsables de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros que se analizan están libres de incorrecciones materiales causadas por fraude o error.
Además, los auditores disponemos de conocimientos suficientes para colaborar con las organizaciones en el diseño e implementación de planes de control antifraude, o para participar en actuaciones específicas de investigación de fraude -conocidas como forensic-, formando equipos multidisciplinares especializados en detección e investigación de fraudes.
Con la celebración anual que citaba al inicio recordamos que somos una profesión con solera y experiencia acumulada durante más de cinco siglos en el sector público y siglo y medio para las cuentas privadas. Una profesión clave en la generación de confianza y fiabilidad en la información, en la prevención de malas prácticas y en su compromiso contra el fraude y la corrupción en beneficio del interés público, para lograr una sociedad más transparente, justa y sostenible. Todo eso celebramos. De todo eso nos sentimos orgullosos.
Fuente: Artículo publicado en elEconomista.es por D. Daniel Faura, Presiente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña
