Guindos se enfrenta a las auditoras al forzar la aprobación de la Ley
La Comisión de Economía del Congreso formalizó ayer la decisión del Ministerio de Economía de que el proyecto
de Ley de Auditoría fuera aprobado sin discutir ni negociar las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Con los votos a favor del grupo popular, la abstención de Izquierda Plural y UPyD, y el voto en contra de socialistas, grupo nacionalista catalán y grupo mixto, el dictamen fue aprobado para su traslado al Senado. El grupo vasco decidió no asistir a la sesión en protesta por la forma en que, en su opinión, se ha tratado al Congreso y al propio Proyecto de Ley.
Durante la sesión de la Comisión, los diputados del PP tuvieron que escuchar las protestas de toda la oposición sobre la forma de tramitar el Proyecto de Ley. A pesar de haber recibido anteriormente las garantías, tanto por parte de Economía como del grupo que sostiene al Gobierno, de que se estaba dispuesto a negociar
aspectos concretos del proyecto, al final el grupo popular se había postrado ante el Gobierno y les comunicó
que no iba a aceptar ninguna enmienda que no fuera de las suyas, aduciendo el escaso plazo existente para que lo tramite el Senado.
El grupo popular negoció hace unas semanas con los demás grupos que estos no presentaran una enmienda a
la totalidad, precisamente, con la promesa de que estaban abiertos a hablar sobre el régimen de incompatibilidades, la elevación de los límites para que una empresa pueda ser considerada de interés público
y, por lo tanto deba ser auditada, y elevar el porcentaje que la facturación a una empresa concreta representará sobre el total de una auditora, de forma que ésta se viera obligada a renunciar a ese trabajo para no incurrir en falta de independencia.
Incompatibilidades
En el terreno de las incompatibilidades, de lo que se trataba era de clarificar un texto que, en palabras de un miembro cualificado del PP, “realmente no se entiende lo que Guindos se enfrenta a las auditoras al forzar la aprobación de la ley dice y tampoco lo que proponemos con nuestras enmiendas” y que, según el sector y
también las empresas que deben ser auditadas, “hace ininteligible e imposible su cumplimiento”, ya que parece muy difícil llegar a saber si el cónyuge de un familiar en segundo grado de parentesco tiene intereses o no en una empresa determinada.
Esa última intención de negociación se vio frustrada cuando el Ministerio de Economía hizo saber al grupo popular que el texto se debía aprobar tal y como había llegado al Congreso con las únicas variaciones derivadas de las enmiendas presentadas por el propio PP, que según distintas fuentes habrían sido
redactadas por el propio ministerio, y que no negociaran ni admitieran ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición.
Los grupos de la oposición aprovecharon la sesión para mostrar sus discrepancias sobre el mayor control que Economía ejercerá sobre el supervisor del sector al depender orgánicamente de él. El grupo socialista cree que el Icac debería tener la misma autonomía que la CNMV o la CNMC. Según algunos grupos, el régimen
sancionador se endurece en exceso.
Pero, al mismo tiempo, manifestaron profundas diferencias entre ellos en algunas cuestiones. Izquierda Plural y UPyD escenificaron un entendimiento al criticar con igual dureza las enmiendas del grupo popular y las de los demás grupos de la oposición por entender que lo que buscaban todas ellas era defender a los auditores frente a lo que ellos consideran abusos que han cometido en la crisis, al tiempo que señalaban que el proyecto era “un avance”. Esto les llevó a abstenerse en la votación final.
El grupo popular está satisfecho por el resultado de la votación, por la abstención de dos grupos, y se mantiene firme en que no rebajará las sanciones.
