El Gobierno escinde la CNMC en dos y el ICAC se integrará en la CNMV
El Gobierno acabará con la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al dividirla en dos. Transformará la Dirección General de Seguros en una Agencia indepediente, creará una ventanilla de reclamaciones financieras e integrará el ICAC en la CNMV.
El Gobierno quiere a poner orden entre los reguladores. El Ministerio de Economía publicó ayer en su página web una consulta pública previa para elaborar el anteproyecto de ley con el que reformará la estructura actual. En él, se vislumbran que los planes del Gobierno pasan por acabar con la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y crear cuatro nuevas autoridades administrativas independientes (AAI). La fecha límite para la remisión de observaciones es el 17 de marzo.
El actual superregulador de Competencia –que integra 18 organismos diferentes, como la antigua CNC y también los supervisores del mercado energético o de correos– dividirá sus funciones en dos organismos. Abrirá una AAI encargada de la Competencia y otra con atribuciones sobre la regulación de los mercados. Además, el documento contempla que el Banco de España conserve intactas sus funciones en la supervisión de entidades de crédito.
La intención del Gobierno es acabar con la actual Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) como órgano administrativo que depende de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Sus competencias se transferirán al nuevo organismo independiente. Y, por otro lado, la nueva entidad dedicada al usuario actuará a modo de ventanilla única. Centralizará las reclamaciones de los usuarios de servicios financieros, responsabildiades repartidas ahora entre la CNMV, al Banco de España y Seguros.
También aboga por que el actual Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) deje de depender del Ministerio de Economía. El ICAC pasará ahora a integrarse en la CNMV. La Comisión Nacional del Mercado de Valores pasará a ser también una AAI.
El Ministerio utiliza una figura instaurada en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las autoridades administrativas independientes. Según esta normativa, se trata de entidades de derecho público con personalidad jurídica propia. Las AAI tienen funciones de regulación externa sobre sectores económicos o actividades determinadas cuyo desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto a la Administración General del Estado.
El objetivo de este nuevo esquema es, según el documento, subsanar la “dispersión” de competencias en esta área. Hasta ahora estos estaban repartidos entre los distintos organismos supervisores de banca, valores y seguros.
Otro de los aspectos que trata el documento elaborado por el Ministerio de Economía es el nombramiento de la dirección de estos organismos. Avanza también un “nuevo mecanismo” para el nombramiento de los órganos de dirección de estas entidades supervisoras. PP y Ciudadanos han acordado formar una comisión de expertos que trate este ausnto. Allí estarán presentes los actuales responsables de los reguladores, además de otras personalidades como el presidente del Consejo de Estado.
Fruto del pacto con Ciudadanos
La nueva organización de la supervisión viene refrendada por el acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. Entonces, el partido dirigido por Albert Rivera acordó con el Gobierno dividir la CNMC en dos organismos: la CNC (Comisión Nacional de la Competencia) y otra entidad que agrupa los organismos sectoriales. El acuerdo necesita aún ser aprobado en el Parlamento, para lo que requiere además del visto bueno de otros grupos políticos. Fundamentalmente, del PSOE.
El propio Rivera ha dicho que “espera” que los socialistas no obstaculicen el acuerdo y su portavoz de Economía, Toni Roldán, ha mostrado la disposición de su grupo a “afinar” con este partido los miembros que compongan ese plantel de expertos encargado de nombrar a los directivos de los nuevos organismos y que vele por la independencia de estos, a través de sinergias entre ellos.
El actual superregulador de Competencia data de 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Entonces, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió la agrupación de 18 entidades independientes por el ahorro que suponía para el Estado. Lo cuantificó entonces en un ahorro de 30 millones al año y en hasta un 40% menos de puestos directivos y consejeros, así como la reducción del número de sedes.
Fuente: Cinco Días
