El Gobierno cierra en falso la Ley de Auditoría
El periodo de presentación de enmiendas a la Ley de Auditoría terminó ayer dejando aún claves importantes por resolver. El grupo parlamentario popular ha propuesto que el Gobierno disponga de un año más de plazo para acotar la definición de las entidades de interés público (EIP), con lo que se retrasa el desenlace del que para el sector auditor era el aspecto más importante de la nueva legislación.
Según el texto de 91 páginas, al que ha tenido acceso ABC, presentado por los populares en el Congreso «en el plazo de un año desde la publicación de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, determinará las condiciones que deben cumplir las entidades para tener la consideración de entidad de interés público en razón de su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados».
Tras la presentación de enmiendas en el Congreso, ahora queda la discusión de la norma en la Comisión de Economía y su paso por el Senado, donde será aprobada a finales de junio.
El Gobierno se había fijado como objetivo concluir la adaptación de la norma española a la comunitaria antes de que acabara la legislatura, si bien los populares justifican esta demora en que «no existen hasta la fecha en el ámbito de la UE requisitos o condiciones que pudieran servir de referencia». El mismo texto reconoce que «con la legislación vigente, en España tienen la consideración de entidades de interés público un número muy superior en general que en el resto de los Estados miembros (8.406 frente a un total de 25.116)». No obstante, se considera necesario «fijar un periodo de debate y reflexión sobre esta definición, de modo que el resultado de las entidades que se califiquen como tal se ajunten a la media europea».
En concreto, la modificación de la disposición final sexta emplaza al Gobierno a ampliar la definición en el plazo citado de tal forma que no sólo se refiera «al tamaño o al número de empleados». Duante este tiempo, «se permitirá conocer el criterio que al respecto estuvieran tomando los Estados miembros de la UE». Fuentes del sector de la auditoría consultadas por este diario han mostrado su «profunda decepción» por este aplazamiento pues consideran perdidas las semanas de negociación. «No hemos avanzado nada», aseguran.
Por otro lado, los populares han introducido también una enmienda al artículo 3 de la Ley de Auditoría para acotar el universo de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y que tienen carácter de entidades de interés público sólo al segmento de empresas en expansión. De esta forma se excluyen los vehículos de inversión (Socimis, entidades de riesgo...), una de las exigencias de los auditores en la que sí había consonancia con el Gobierno.
Los profesionales denuncian que el hecho de que en España haya un número tan elevado de entidades de interés público genera una gran distorsión del mercado y expulsa a pequeñas auditoras, que no pueden ofrecer todos los servicios que exige la norma. Además, encarece los costes de empresas que, por ejemplo, se ven obligadas a crear un comité de auditoría, y los del propio ICAC, que se financia con una tasa que pagan las firmas auditoras por cada informe de auditoría.
Según la Comisión Europea, la nueva regulación «tiene como objetivo abrir el mercado a nuevas empresas de auditoría e incrementar la transparencia», fines con los que el sector asegura sentirse identificado. Aumentar la independencia de las firmas es el principal caballo de batalla de Europa y el «leit motiv» de la nueva legislación.
Fuente: ABC
